El negocio de cazar migrantes empieza en Delaney Hall, el primer centro de detención de la era Trump

En la avenida Doremus el mundo luce de metal, tan industrial y herrumbroso que da miedo. Sobre la carretera se extiende el cielo gris de Newark, en el condado de Essex, Nueva Jersey, surcado a cada rato por aviones que en minutos llegan al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el único lugar del Estado que llegan a conocer los turistas, que cogen sus maletas y aterrizan por su cuenta en Manhattan. Todo esto tiene sentido en el cálculo geográfico de los políticos y los inversores: si en unos meses se inaugura en la avenida Doremus el primer centro de detención para migrantes de la era Trump, el aeropuerto para trasladar a los futuros deportados les quedará a menos de tres kilómetros, 15 minutos en bus, un paseo, un salto.

Así lo ha explicado Caleb Vitello, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quien aseguró a finales de febrero que la ubicación del Delaney Hall no solo “agiliza la logística”, sino que “ayuda a facilitar el procesamiento oportuno de los individuos bajo custodia mientras perseguimos el mandato del presidente Trump de arrestar, detener y expulsar a los extranjeros ilegales de nuestras comunidades”.

Pasado el mediodía, se divisan las primeras personas de la avenida Doremus, la prueba de que hay vida humana entre tanto hierro y asfalto. El señor mayor que barre los alrededores de una factoría lanza un saludo amable. Se siente un olor fuerte, nauseabundo, dice que llega de la planta de Passaic Valley Sewerage Authority, al otro lado de la avenida. La tasa de visitas a la sala de urgencias por asma en Newark triplica a las del resto de New Jersey, y más de una vez los ambientalistas han pedido a las autoridades que se encarguen del aire que respira la gente. El señor sabe mucho del área, pero muy poco del Delaney Hall, el edificio compacto y opaco que se alza a su derecha, y en el que se siente un silencio petrificante. Asegura que el local ha estado cerrado por años, pero que va a abrir pronto.

—Dicen que es una cárcel. Eso dicen.

Es lo que la construcción parece desde afuera, bordeada por grandes estructuras de alambre, como inmensas jaulas para crías de pollos. En el techo, casi imperceptibles, dos hombres que habrán llegado de algún lugar de Latinoamérica están soldando. Casi gritan, a lo lejos, que la instalación abrirá a finales de mayo. El empresario de origen griego George Zoley, director ejecutivo del Grupo GEO, la empresa detrás del centro de detención, ha dicho que el Delaney Hall es “completamente nuevo por dentro y está todo listo para funcionar”.

Aunque hay una tranquilidad feroz, del sitio entran y salen todo el tiempo autos que no permanecen mucho en el lugar. El guardia de seguridad, quien muy cortesmente se niega a hablar, les abre la puerta a cada rato. Están realizando exámenes de alcohol y droga, verificación de antecedentes penales, entrevistas al futuro personal del Delaney Hall, a los trabajadores del centro de detención de migrantes más grande de la región, ubicado en un barrio cargado de emigrantes, que contará con más de 1.000 camas en las que dormirán las personas detenidas por ICE. El centro albergó reclusos entre 2011 y 2017, luego cesó sus funciones.

Ahora el Grupo GEO —que desde hace un tiempo lucha por la apertura del Delaney Hall frente a los políticos de New Jersey, empeñados en aprobar una ley para prohibir a las empresas privadas y públicas hacer contratos con ICE— podría amasar unos cuantos millones más. Tras firmar un contrato con la agencia federal, la empresa cobrará 60 millones de dólares anuales por los próximos 15 años, con lo cual se habrá agenciado casi mil millones cuando finalice el acuerdo. Más de una organización ha denunciado la manera en que se llenan los bolsillos, gracias a los dólares que cuesta la captura de cada migrante que ingresa en un centro de detención. Por cada cama destinada a un migrante, estas empresas ingresan una media diaria de 164,65 dólares. El Congreso, por su parte, destina 3.400 millones de dólares para arrestar una media de 41.500 indocumentados al día. Se trata, coinciden muchos, de un negocio redondo.

“Los ejecutivos corporativos y las compañías de prisiones privadas ven las deportaciones masivas y la detención como un día de pago. Y son nuestros impuestos los que pagarán la factura”, asegura Diego Bartesaghi, director de comunicaciones de Make the Road New Jersey, un grupo de apoyo a inmigrantes que aboga por el cierre del Delaney Hall y la aprobación del Immigrant Trust Act, que prohíbe que escuelas, centros de salud o albergues compartan información con ICE. “Las empresas privadas de prisiones, como GeoGroup, utilizan la detención para obtener beneficios, no para la seguridad pública”. Según Bartesaghi, la expansión de centros de detención significa que “más dinero de los contribuyentes se destina a las ganancias de las prisiones privadas en lugar de a los servicios comunitarios” que realmente los hacen más seguros.

Los funcionarios de ICE han dicho que la apertura del Delany Hall ampliará la capacidad de la agencia en el noreste del país “para gestionar las crecientes operaciones de aplicación y remoción de la región”. Sería el segundo centro de detención en New Jersey, junto al localizado en la ciudad de Elizabeth, un sitio con 300 camas que gestiona el grupo privado CoreCivic, y que ya tiene un plan para triplicar las camas disponibles para migrantes en unos meses, con lo cual generaría unos 1.500 millones de dólares más. Estas empresas han encontrado un aliado en Donald Trump. Sus directivos aseguran que se trata, probablemente, del mejor momento que hayan tenido. “Llevo 32 años trabajando en CoreCivic, y este es realmente uno de los períodos más emocionantes de mi carrera”, dijo Damon Hininger, su director ejecutivo, según The New York Times. También sostuvo que su negocio está por ver “el crecimiento más significativo de su historia”.

Hacinamiento, hambre y trabajo forzado

Cerca del Centro de Detención de Elizabeth unos hombres se congregan alrededor de un fogón. La suciedad en la ropa, el hollín en el rostro, delata que puedan ser mecánicos, empleados de algún taller de mantenimiento. Ahora aprovechan la hora de almuerzo para oír música y asar unas salchichas a fuego lento. Son la única gente en la calle Evans. No era así hace unos meses, cuando grupos enteros iban a visitar a sus familiares detenidos en distintos horarios durante el día.

“Se hacían filas grandes para entrar, a veces le tocaba a uno pagar para que le dieran un turno, pero ahora casi nadie viene”, dice una colombiana que ha llegado a visitar a su sobrino de 27 años, quien permanece en este reclusorio para migrantes de la ciudad de Elizabeth. “La mayoría de los familiares de la gente que está aquí son migrantes. Y lógicamente ya no vienen porque tienen miedo, ¿cómo van a venir?”, se pregunta.

Desde fuera, el lugar de paredes de ladrillos, abierto desde el año 1994 y con la estampa de CoreCivic al frente, parece prácticamente vacío, pero dentro decenas de reclusos pasan sus días en un sitio que ha sido blanco de denuncias por malos tratos, racismo, negligencia, trabajos forzados, insalubridad o mala alimentación. “En Elizabeth falta la comida, los medicamentos, con la pandemia de Covid murieron muchos migrantes y gente del staff”, cuenta Rita Dentino, directora de Casa Freehold, una organización local al servicio de los migrantes. “Eso es una bodega, no es un lugar para recluir seres humanos, no tiene ventanas, no corre el aire fresco. Es horrible”.

Un taxista colombiano que se acerca al centro, y que estuvo cuatro meses recluido ahí, dice lo mismo. “Hay mucho racismo, la comida es poca, apenas lo dejan a uno salir al patio a coger sol”, sostiene. La mujer con su sobrino detenido en el centro dice que el joven le cuenta que las condiciones son deplorables. “¿Para qué quieren tener así a una persona? Entiendo que están detenidos, pero no son criminales como para que los alimenten de esa manera”.

El sobrino, quien se niega a firmar su autodeportación a Colombia a pesar de que en los últimos meses los oficiales de la prisión le han insistido, dice que dentro no cabe un alma más, que el hacinamiento es insoportable. Pero no se trata de una denuncia que salga solo del centro de detención de Elizabeth, sino de una queja nacional: más de una vez en las últimas semanas se han difundido videos exponiendo la poca capacidad en los centros para la cantidad de emigrantes que los agentes de ICE están enviando a estos lugares. Tanto así que llegaron a encontrarse al 109% de capacidad. En un sistema que cuenta con unas 38.500 camas disponibles, diseñado para albergar la misma cantidad de detenidos, ICE hoy retiene a unas 46.000 personas, según sus propios registros. Aún así, les parece muy poco, y Tom Homan, el zar de la frontera, ha dicho que se necesitan al menos 100.000 camas para cumplir el sueño de Donald Trump.

Un motivo de “terror” para las comunidades

Los alrededores del Centro de Detención de Elizabeth y del Delaney Hall acogieron varias protestas el último mes. Decenas de activistas y políticos exigen el cierre definitivo del primero y la no apertura del segundo. Las autoridades de New Jersey, por su parte, también han dicho públicamente que un nuevo centro para migrantes no es bienvenido en el Estado. El alcalde de Newark, Ras Baraka, tildó la inauguración del Delaney de ilegal, y aseguró que su gobierno presentaría una demanda si abre sus puertas. “Si intentan hacer algo para violar la ley, les llevaremos a los tribunales”, prometió en una de las manifestaciones.

Todos coinciden en que, con establecimientos que tengan mayor capacidad para albergar detenidos, ICE aumentará los arrestos en la zona. Newmark ya ha sido escenario de más de una redada de los agentes federales: a finales de enero aparecieron en una pescadería local y se llevaron a varios emigrantes sin mostrar una orden judicial. “Las investigaciones demuestran que cuando se abre un centro de detención de inmigrantes en una comunidad, las personas de las comunidades circundantes tienen más probabilidades de ser arrestadas”, dice Jenny Garcia, asociado sénior de Comunicaciones de la coalición Detention Watch Network. Según afirma, las organizaciones no solo exigen el cierre de estos centros, sino “que todos los detenidos sean liberados con sus familias y comunidades, y no transferidos a otras instalaciones en todo el país”.

También es un hecho que, con las crecientes redadas y detenciones, se expande el miedo con el que viven hoy los migrantes en el Estado. “A todos nos preocupa la seguridad de nuestras familias y comunidades”, insiste Diego Bartesaghi, director de comunicaciones de Make the Road New Jersey, quien cree que la reapertura de Delaney Hall “incentivará aún más el terror” en la localidad. “Desde que Trump asumió el cargo, nuestras comunidades han estado viviendo con el temor de no poder ir a la tienda de comestibles, dejar a sus hijos en la escuela o ir a trabajar. El aumento de la presencia del ICE y de la policía no nos hará sentir más seguros”.